El pasado miércoles 1 de junio se llevó a cabo la presentación del informe «Derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales», con la presencia de la Comisionada y Relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, acompañada por el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, integrantes de organizaciones, pueblos y comunidades indígenas y afromexicana, además de personas académicas.
Arosamena enfatizó que los pueblos indígenas y tribales enfrentan obstáculos para el ejercicio de la libre determinación debido a limitaciones en los marcos jurídicos y políticos nacionales y locales; a la falta de respeto y al no reconocimiento de las instituciones representativas de los pueblos indígenas y sus procesos de toma de decisiones, particularmente cuando existen intereses económicos, comerciales, políticos, militares u otros sobre las tierras y territorios. Otro obstáculo considerable “es la situación de violencia que enfrentan a raíz de la presencia e invasión de sus tierras por terceros, ya sea personas involucradas en actividades madereras, mineras, ganaderas o narcotráfico, entre otros, siendo fuentes de grave riesgo y amenaza contra la supervivencia física y cultural de dichos pueblos”.
El informe de la CIDH resalta la recomendación a los Estados de adoptar medidas en todos los ámbitos para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y tribales a ejercer de manera práctica y efectiva la libre determinación en el marco de sus propios procedimientos, instituciones y concepciones del mundo.
Esta presentación se realizó en el marco del Coloquio “Libre determinación de los pueblos indígenas”, en el que participaron la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Servicios del Pueblo Mixe A.C., Fundar México, Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, Due Process of Law Foundation-DPLF, el Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, el CIESAS Pacífico Sur, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y el Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca.
