Organizaciones civiles de Oaxaca y otros estados llamaron a los poderes Legislativo y Ejecutivo a no eliminar el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y el Fondo para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
En su representación, la coordinadora general del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca-DH), Minerva Nora Martínez Lázaro sostuvo que la eventual supresión pone en grave peligro el acceso a la verdad, memoria, justicia y reparación, así como la vida e integridad de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
“Hoy, este amplio grupo de personas enfrentan un desafío mayor, porque se pondría en riesgo su vida, pues las medidas que garantizan su seguridad podrían verse afectadas tras la eliminación del fideicomiso y del fondo”, asentó.
Explicó que el fideicomiso y el fondo sirven para costear las medidas de protección designadas a salvaguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias, así como a fin de brindar las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delitos y de violaciones a los derechos humanos.
“Su desaparición implica un grave riesgo, a mediano y largo plazo, para la justicia, verdad y reparación de las miles de víctimas en el país, así como para el ejercicio seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos en México”, señaló.
Detalló que según la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la eliminación del fideicomiso tendrá impactos negativos en el desarrollo de las acciones de protección para las mil 304 personas beneficiarias –418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos–, a quienes se brinda medidas de protección.
Además, subrayó que el fondo ha tenido un incremento de gastos para la atención a víctimas de 2018 a 2019, mientras la asignación de recursos financieros ha disminuido en los últimos dos años.
De este modo, hizo un llamado a los poderes Legislativo y Ejecutivo a desistir en eliminar el fideicomiso y el fondo, para no poner en mayor riesgo a víctimas, defensoras derechos humanos y periodistas.
