La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) señala que uno de los grandes retos que enfrentan los servicios de salud públicos y privados en nuestro país es el de la violencia obstétrica, que constituye una discriminación de género y representa una violación de los derechos humanos desde un enfoque de los derechos de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
De acuerdo con este organismo, estas prácticas deshumanizantes constituyen un verdadero problema de Estado y de salud pública que lesionan física o psicológicamente a mujeres embarazadas, en proceso de parto o postparto, razón por la cual, la DDHPO hizo un llamado a desnormalizar la serie de actos que van desde gritos, discriminación o tratos humillantes, hasta ejercicios médicos que ponen en peligro la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos.
Tan solo la DDHPO tiene documentados 169 expedientes de violencia obstétrica cometida contra mujeres durante el embarazo, parto o postparto, entre enero de 2011 y hasta el 8 de mayo de 2022.
Las instituciones de salud públicas y privadas pueden llegar a cometer actos de violencia obstétrica cuando realiza episiotomías sin consentimiento, intervenciones dolorosas sin anestésicos, obligan a parir en una determinada posición o proveer una medicación excesiva, innecesaria o iatrogénica que podría generar complicaciones graves de la mujer y su hijo o hija. También se refiere a prácticas invasivas, como las cesáreas cuando se realizan sin justificación, la esterilización no consentida o forzada, el suministro injustificado de medicamentos, el retraso de la atención médica de urgencia o la falta de respeto a los tiempos de un parto.
La violencia obstétrica, además, puede ser psicológica, cuando se comenten actos discriminatorios, así como uso de lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico, falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y trato deshumanizado de las mujeres cuando están embarazadas o bien en labor de parto o postparto.
Ante este contexto, la DDHPO hizo un llamado a los distintos sistemas de salud de nuestro estado a poner fin a las nocivas prácticas de violencia obstétrica que se producen al interior de los mismos, tomando conciencia de su existencia y de los graves efectos sobre la salud física y emocional de las mujeres que las padecen.
